A la luz de la reciente crisis financiera global, la necesidad de asegurar la justicia social y los derechos humanos en el diseño de políticas y programas para estimular el crecimiento económico son más urgentes que nunca en los países de la región. Esta necesidad se evidencia cuando se consideran los altos índices de desigualdad socioeconómica en América del Sur, y estadísticas de CEPAL indican que el 20% de la población más rica gana 18 veces más que el 20% más pobre.