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Chile y Haití: Historia de dos terremotos.
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David Roberts.

Tras los últimos grandes terremotos que han afectado la región -el de Haití el 12 de enero y el de la zona centro-sur de Chile el 27 de febrero- muchos han hecho el ejercicio de comparar ambas catástrofes y se han preguntado por qué murió tanta gente en Haití -hasta 300.000, con la capital Puerto Príncipe literalmente en el suelo- mientras que en Chile la cifra fue relativamente baja: cerca de 800 personas según la información más reciente.
El sismo que azotó Chile, de 8,8 en la escala de Richter, fue supuestamente 700 veces más violento que el de Haití, que alcanzó los 7,0 grados. Según los expertos, un punto decimal más en la escala de Richter significa que se liberó 10 veces más energía, y si bien resulta difícil creerlo al pensar en la percepción del movimiento de la tierra (un sismo 4,1 sin duda no se siente 10 veces más fuerte que uno de 4,0, por ejemplo), el episodio en Chile fue por cierto mucho más intenso que el de Haití.
Pero hay razones obvias que explican porqué el terremoto chileno produjo una cantidad considerablemente menor de daños y víctimas fatales que el de Haití. Las normas de construcción son muy distintas, y esa es una lección que Chile ha aprendido con los devastadores terremotos vividos en el pasado, que costaron la vida de decenas de miles de personas, como el de Chillán en 1939 y el de Valdivia en 1960 (que con 9,5 grados en la escala de Richter ha sido el de mayor magnitud de la historia). Estas experiencias motivaron la creación de una normativa mucho más estricta en el país. Muchos edificios de Puerto Príncipe se derrumbaron porque en su construcción no se usaron barras de acero para reforzar el hormigón, mientras que la miseria y la condición de pobreza en general derivaron en muchas más muertes. Para qué hablar de los múltiples decesos y heridos producto de que no se contaba con servicios y equipos de rescate adecuados, ni de las enfermedades que siguieron a la falta de suministro de agua.
Otro factor que explica en parte los daños relativamente moderados -"relativamente" es la palabra clave en este caso, ya que en un principio los daños se calculan en US$30.000mn- y la cantidad de víctimas en los terremotos sufridos por los chilenos en las últimas décadas es que por lo general son a mayor profundidad que en otras partes del mundo.
De hecho, en ocasiones algunos chilenos se muestran orgullosos de que su país parece resistir de mejor forma estos fuertes sismos, al menos en comparación con naciones como Haití, China o Irán, por ejemplo. Sin embargo, no cabe ser complaciente y hay que mejorar aún más la normativa. El sismo del 27 de febrero provocó gran destrucción, incluso en infraestructura moderna que debería haber salido indemne, como el supuesto aeropuerto antisísmico de Santiago (que por fortuna cobijaba a un número menor de pasajeros al momento de la tragedia), carreteras recién construidas y un paso sobre nivel en una autopista de la capital, y todo pese a que en Santiago la magnitud fue "solo" de 8,0. Muchos edificios de departamentos que habían sido construidos hacía apenas algunos años se vinieron abajo o resultaron con graves daños. Para complicar aun más la situación -y esto demuestra también cuánto camino le queda por recorrer a Chile en materia de desarrollo- muchos de los hogares destruidos no contaban con seguros apropiados.
Además hubo errores en la respuesta por parte de las autoridades, en especial la Armada, que en un principio descartó la posibilidad de tsunami, que golpeó la costa del centro-sur de Chile unos minutos después, con un saldo de cientos de víctimas (algunas de ellas en el archipiélago de Juan Fernández).
Dondequiera que se produzca un terremoto de gran magnitud, es quizá inevitable que ocurran daños, y no se puede responsabilizar por todo a las autoridades. Veamos el caso de las redes de telefonía, tan esenciales en un desastre de estas características. Es esperable que las líneas fijas se caigan, pero resulta muy extraño que solo una de las tres empresas de telefonía móvil lograse mantener en operación su red.
Por suerte, se ve que las autoridades chilenas son conscientes de estas deficiencias, por lo que ahora la responsabilidad de tomar las riendas y mejorar la normativa quedará en manos del nuevo gobierno de Sebastián Piñera